Los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio para proveerse de materiales, de obras o de servicios en las condiciones más ventajosas para nuestro municipio, sino que, a través de la contratación pública, los poderes públicos llevan a cabo una política de intervención en la vida económica, social y política. 

El 1 de septiembre de 2017 entra en vigor la Instrucción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 25/05/17 (BOIB n.º 83 de 8/07/2017), y la voluntad del equipo de gobierno municipal es mantener las directrices durante la legislatura 2019-23 y garantizar su cumplimiento.

Los diferentes sistemas de contratación pública son un mecanismo idóneo para incidir, de manera positiva, en el desarrollo de las políticas sociales y medioambientales, a través de la introducción en los procedimientos de contratación de cláusulas de contenido social, medioambiental y lingüístico que fomenten que las empresas adopten medidas de responsabilidad social. Se trata de estipulaciones que obligarán las empresas adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del contrato, a determinados objetivos de política social, medioambiental y lingüística que se estiman de interés general.

La Instrucción incorpora a los contratos públicos criterios sociales relacionados con la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social y/o afectadas por discapacidad, con la promoción y calidad del empleo y con el impulso de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que tienen su amparo competencial en los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Por otro lado, la legislación autonómica de las Illes Balears, basándose en el reconocimiento constitucional de la oficialidad de las lenguas españolas diferentes del castellano y en la consideración que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que tiene que ser objeto de especial respeto y protección, considera el catalán un elemento identificador de nuestra sociedad y, en consecuencia, vertebrador de nuestra identidad, declara su oficialidad y establece que normalizarla tiene que ser un objetivo de los poderes públicos. Por este motivo, conocida la convicción de este Ayuntamiento en la defensa y promoción de la lengua catalana, se incorporan cláusulas lingüísticas a la Instrucción.

Los órganos de contratación competentes del Ayuntamiento de Calvià, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, pueden introducir aspectos de naturaleza social, ambiental y/o lingüísticos en las contrataciones que se lleven a cabo de una manera uniforme. En la Instrucción no se recogen ni todas las posibilidades ni todos los aspectos que podrían ser contemplados, puesto que ésta nace con vocación abierta, a la que, la experiencia del trabajo desarrollado por las personas que intervienen en los procesos de contratación, irá dando concreción.

El desarrollo de herramientas de gestión electrónicas, actualmente en proceso, posibilitará hacer un tratamiento estadístico, a medio plazo, de los datos relativos a la contratación responsable.